Los “booms inmobiliarios” españoles.

Desde finales de los años sesenta y durante la década de los setenta, se dio lugar a un importante desarrollo de las ciudades españolas que acogieron a gran cantidad de población inmigrante del ámbito rural, deprimida económicamente. Este hecho provocó una creciente demanda de viviendas y el desarrollo de gran número de polígonos industriales.

El segundo sucedió desde finales de la década de los noventa hasta el comienzo de nuestra actual crisis económica. Se desarrollaron muchos de los espacios metropolitanos, aparecieron lo que denominamos segundas residencias y en consecuencia, una elevadísima ocupación del suelo. La competencia entre usos era palpable tanto en el entorno de grandes ciudades como en el litoral peninsular.

El incremento del número de edificios construidos no ha resuelto el problema social de acceso a la vivienda. Además ha dejado un «stock» de numerosas construcciones inadaptadas a los requerimientos de eficiencia energética actuales. El modelo de desarrollo económico basado en el «sector del ladrillo» en las últimas décadas ha dejado impreso en el territorio una marca de ausencia de planificación y consumo indiscriminado de recursos sobre el que es necesario intervenir.

La rehabilitación del parque residencial existente es una condición necesaria para la adaptación a las normativas actuales en materia de eficiencia energética y protección del medio ambiente. Es además un modo de aportar soluciones a un sector como el de la construcción, profundamente afectado por la crisis actual, y también un elemento clave del cambio de modelo productivo guiado por criterios de sostenibilidad.

RD 233/2013. Preguntas y respuestas:

Hoy en día, por lo menos entre los decisores y principales actores implicados en el sector, existe cierta toma de conciencia de la situación del sector de la edificación existente, pero no tanta acerca de los obstáculos que han existido a la rehabilitación. Lamentablemente, aún estamos en un importante proceso de búsqueda de soluciones, siendo algunas consensuadas y otras todavía muy debatidas.

Existen todavía muchas preguntas sin contestar; ¿Se debe obligar al ciudadano a implementar medidas de rehabilitación energéticas en su vivienda? ¿Qué rol debe tener la participación ciudadana? ¿Cómo implementar esa participación?

Parece que este reciente marco legislativo deja de constituir un importante freno a los procesos de rehabilitación. Aun así, la ley de propiedad horizontal, por ejemplo, sigue dejando en manos de un número reducido de usuarios las decisiones de rehabilitar o no. Frente a esto, pensamos que dado la importancia que tiene actualmente la rehabilitación del parque de edificios y viviendas, y en particular la rehabilitación energética, no se puede dejar en manos de “unos poco”s decisiones de tal importancia. El gobierno no ha definido vía legislación los mínimos necesarios para poder realizar las obras de rehabilitación. De forma paralela a las medidas que se tomen en este sentido, debería también definirse cuáles son los procesos de participación social.

En las últimas décadas, con el proceso de construcción acelerada registrado, se ha perdido en gran medida la participación social en los procesos de transformación de los lugares de vida. Los usuarios tienen menos margen de maniobra sobre el entorno y los centros de decisiones suelen encontrarse lejos de los lugares de vida. Este cambio de modelo que en nuestra opinión llega 10 años tarde, gracias al posible y deseado «proceso de rehabilitación», es de esperar también que pueda aprovecharse para reincorporar la participación ciudadana. La implicación de los ciudadanos conlleva muchas ventajas, sobre todo porque cuidan más sus lugares de vida, fomenta lo social y la protección ambiental. Sin embargo, existe una mayor dificultad, y es que implicar a la gente requiere un esfuerzo muy importante de sensibilización y formación que sólo puede tener efectos a medio-largo plazo. Además, requiere un esfuerzo de imaginación en la búsqueda de métodos de implicación de la ciudadanía, y de confianza hacia la capacidad del ciudadano para proponer y decidir. Se trata, en definitiva, de un proceso de trasladar en parte el poder de decisión desde los actuales responsables hacia los propios ciudadanos. Desde Estudio Campanar, sabemos que es un proceso muy complicado aunque a su vez fácil de dejarlo de lado. Nuestras experiencias prácticas en este sentido han mostrado el importante impacto positivo que tiene a largo plazo.

Los principales retos al margen de los actuales Decretos

1. Adecuar el contexto normativo, financiero, humano y técnico para poder realizar un proyecto ambicioso y nacional de rehabilitación del parque de edificios y viviendas.
2. Definir un nuevo plan de acción adaptado a los retos actuales donde se definen objetivos ambiciosos, el volumen de recursos públicos suficientes para afrontar la planificación.
3. Estudiar las fórmulas de financiación y la colaboración con empresas privadas.
4. Conseguir revalorizar el concepto de rehabilitación para “aumentar el valor de la vivienda”: los edificios y viviendas, al igual que cualquier otro bien, se degradan con el tiempo por lo que hay que rehabilitarlos en un proceso continuo. La rehabilitación no es únicamente una forma de ahorrar dinero a largo plazo sino que permite obtener una vivienda más confortable, más rentable, de más valor económico por una inversión reducida, de mayor valor social…
5. Pasar del concepto de usuario únicamente consumidor a usuario productor y consumidor de energía gracias a las energías renovables.
6. Conseguir la implicación social: pasar de un usuario pasivo a uno activo, trasladando los centros de decisión cerca de los lugares de vida con una autentica implicación ciudadana.
7. Pasar a una nueva etapa en la historia de la construcción con un profundo cambio en el sector en relación con la concepción misma de la arquitectura y habitabilidad.
8. Promover la concienciación social energética. Reeducar a las familias, desde el colegio o desde las administraciones municipales, etc.

Desde Estudio campanar proponemos por lo tanto:

1. La elaboración de una normativa específica sobre la rehabilitación del parque existente y la definición de un modelo de financiación consensuado.
2. La definición y puesta en marcha de un amplio plan de formación.
3. La definición y puesta en marcha de un plan de sensibilización.